DIPUTADOS APROBÓ LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

Luego de la aprobación de mejoras para jubilados, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia para discapacidad. Con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, dieron luz verde al proyecto presentado por Unión por la Patria.

La emergencia en discapacidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. La ley aprobada durante la madrugada de este jueves pretende una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida, y contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.

La jornada de ayer estuvo marcada por la marcha multitudinaria frente al Congreso, donde además se impulsaron debates por líneas de financiamientos para la salud pediátrica, la universidad pública y emergencias para zonas afectadas por temporales.

El proyecto que obtuvo luz verde en la Cámara baja propone saldar deudas y actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares). Asimismo, postula aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

"Es una ley que está fuera de la grieta y busca atender lo que es una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y las personas con discapacidad", planteó el bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor de proyecto, quien agregó que "cuando un Gobierno designa a un funcionario frente al área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad".

La iniciativa, que tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer demagogia con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también lo vetará, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.

Sobre tablas, se trató la declaración de emergencia para las ciudades inundadas en el noreste de la provincia de Buenos Aires, para definir partidas presupuestarias para inversiones prioritarias en las regiones afectadas por el temporal.

De manera unánime se aprobó el proyecto de ley que estipula declarar como “zona de emergencia y en situación de catástrofe” por un plazo de 180 días a las zonas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe que recientemente resultaron damnificadas por severas inundaciones.

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, declara la emergencia por 180 días en Bahía Blancay crea un fondo especial de $200.000 millones.

Luego de tratar una resolución para la conformación de la comisión $LIBRA, se tratará el emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto, que aspira a sacar de la parálisis a los espacios presididos por el oficialismo para poder tratar la ley de Financiamiento Universitario, presentado el pasado miércoles por los rectores académicos bajo tres premisas: reapertura de paritarias, fondos para garantizar el funcionamiento y partidas para sostener y reactivar las becas.

Misma situación se dará con una iniciativa proveniente de la Comisión de Salud, que luego de convocar a trabajadores del Hospital Garrahan consiguió dictaminar la Emergencia Pediátrica y de Residencias Nacionales. Sus objetivos son similares a los del sector universitario: el emplazamiento en las comisiones de Presupuesto y Familias para garantizar la recomposición salarial del personal sanitario; los fondos necesarios para insumos, infraestructura elemental y tecnologías médicas; y exención del pago de Ganancias a quienes se desempeñen en actividades críticas o realicen horas extras.