Hace algunas semanas atrás, con motivo de la visita del ministro de justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Ernesto Löffler, realizó declaraciones públicas en las que defendió la idea de reducir la edad de punibilidad hasta los 14 años. Al respecto, “el delivery” consultó a la abogada Claudia Cesaroni, magíster en criminología, especialista en Derechos Humanos y en la realidad que atraviesan las personas privadas de su libertad.
Uno de los aspectos destacados por Cesaroni es la necesidad de corregir errores conceptuales y fácticos que a menudo surgen en el discurso público sobre la baja de la edad de punibilidad. En este sentido, la abogada señaló que el Juez "habla de la ley 22.272 y en realidad es la ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad, y lo primero que debe hacer un juez es citar cómo corresponde la ley”.
La autora de libros como “La vida como castigo”, “Masacre en el pabellón séptimo” y “Contra el punitivismo”, destacó que Löffler expresó en la entrevista que dio hace algunas semanas a Radio Provincia que ´una persona de 14 años de hoy no es igual que la de 1980”. En este sentido Cesaroni opinó que “efectivamente la ley vigente, la 22.278, régimen penal de la minoridad, es una ley de la dictadura. Ahora, la dictadura en 1980 estableció la edad en 14 años, que es lo que parece no saber tampoco el señor juez Löffler. Es decir, la ley que impuso esa dictadura” estableció la punibilidad en 14 años, “bajándola de la que estaba vigente desde los años 50. Y quien elevó esa edad a 16 fue la propia dictadura, pero cuando faltaban pocos meses para el retorno a la democracia, en mayo de 1983”.
La abogada también cuestionó la noción de imputabilidad como criterio único para determinar la responsabilidad penal de los menores. En lugar de centrarse únicamente en la capacidad de comprensión de los adolescentes, Cesaroni instó a considerar alternativas porque “la edad no tiene que ver con si un adolescente es capaz de entender o no entender lo que está bien o lo que está mal. Un chico de 10 años puede entender lo que está bien y lo que está mal. Ese es otro error conceptual en el cual suele caer Cúneo Libarona y todas las personas que hablan de este tema sin conocerlo”.
Además, dijo que muchas personas “hablan de esto como si fuera una discusión sobre si la persona comprende que está mal o que no está mal matar o robar o lo que fuere. No es esa la discusión, la discusión es si para esos hechos cometidos por adolescentes lo mejor que puede hacer el Estado es hacer intervenir con su sistema penal o si hay otros modos de abordar a estos pibes de 13, 14, 15, hasta los 16 años, por fuera del sistema penal”.
La abogada sostuvo que la declaración del magistrado fueguino “es ya de una ignorancia que me asombra”, porque en su entrevista a Radio Provincia planteó como una contradicción que una persona “a los 16 años pueda votar y no sea posible castigarlo, porque la imputabilidad arranca a los 17”, cuando en realidad eso no es cierto debido a que la edad de punibilidad hoy por hoy en nuestro país es justamente los 16 años, es decir, la misma edad a la que se puede votar o se puede, por ejemplo, tener un trabajo legalmente”.
Cesaroni aclaró que no se trata de dejar los hechos sin imputar, sino de lo que se trata es de qué abordaje le dará el Estado a un menor que cometió un delito. “Nosotros decimos que lo que tiene que hacer es intervenir el Estado, pero otras áreas del Estado. ¿Por qué ese nene está en la calle? ¿Por qué no está en la escuela? ¿Qué familia tiene? ¿La familia lo puede contener? ¿Lo maltratan en la casa? ¿Lo mandan a robar? Bueno, habrá que buscar otra alternativa y ver qué áreas del Estado lo aborda”, analizó.
Entre otras críticas a Löffler, la especialista en Derechos Humanos también puso su atención en que el Juez “no menciona ninguna normativa internacional”. Dijo sentirse impresionada porque “no menciona la Convención Sobre los Derechos del Niño, no menciona el fallo Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente se refiere al sistema penal argentino porque efectivamente no es bueno el sistema vigente para adolescentes”.
“Eso es verdad. Lo único que es verdad de todo este artículo, es que esta ley es una ley vetusta, que hay que modificarla, que hay que derogarla y que hay que crear un nuevo régimen para adolescentes. Lo que no es cierto, es que es imprescindible bajar la edad de punibilidad. Y una pregunta que habría que hacerse, por ejemplo, en la provincia, es cuántos adolescentes menores de 16 años cometieron delitos graves. ¿Cuántos? Se cuentan con los dedos de una mano”, aseguró.