UNA SENTENCIA QUE YA ESTABA ESCRITA

Por Carla Fulgenzi y Gonzalo Benito Zamora |

La reciente condena judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad" no solo evidencia graves irregularidades procesales, sino que también pone al descubierto una estrategia clara para desplazar a la dirigente más relevante del escenario electoral argentino. Este procedimiento judicial resulta cuestionable desde múltiples perspectivas técnicas, éticas y jurídicas, revelando así un trasfondo de arbitrariedad política.

Cabe recordar que esta causa fue reabierta en un contexto donde ya había sido archivada por inexistencia de delito, lo que pone en tela de juicio el principio de cosa juzgada. La reapertura, motivada más por presiones externas que por nuevos elementos probatorios sustanciales, socava la seguridad jurídica y abre un precedente peligroso para el uso discrecional del sistema judicial.

Uno de los aspectos más alarmantes del proceso judicial fue la falta de un análisis pericial riguroso sobre las 51 obras cuestionadas. A lo largo del juicio quedó evidenciado el incorrecto e insuficiente peritaje de las obras. ¿Una causa que involucra a una mujer que ha sido dos veces presidenta de la Nación, no merece un abordaje judicial con mayor rigor, seriedad y responsabilidad institucional?

Además, resulta incomprensible la decisión de eximir de toda responsabilidad a quienes estuvieron a cargo de la Jefatura de Gabinete durante los años investigados. Es precisamente este órgano de gobierno el encargado constitucionalmente de administrar y gestionar la ejecución presupuestaria. Ignorar este dato clave, mientras se enfoca exclusivamente en la figura de Fernández de Kirchner, denota un manejo sesgado y direccionado.

La incorporación irregular de chats durante la etapa de alegatos, sin haber permitido la declaración testimonial de los involucrados, añade un matiz aún más preocupante al caso. Se instaló una presunción de destrucción de pruebas basada en indicios y comunicaciones informales, pero sin sustento en declaraciones formales ni garantías procesales mínimas.

El propio Tribunal Federal Oral N° 2 admitió explícitamente en su sentencia la ausencia de pruebas directas que involucren a Cristina Fernández de Kirchner en los delitos imputados. A pesar de ello, y en una clara muestra de parcialidad, decidió apoyarse en indicios para dictar una condena severa: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esto constituye un precedente inquietante y peligroso, vulnerando principios fundamentales del debido proceso.

Esta decisión judicial trasciende lo meramente legal y deja expuesto su verdadero propósito político: proscribir a la principal dirigente de la oposición argentina. Condenar sin pruebas indubitables, obviando procedimientos esenciales y violando garantías constitucionales, implica no solo un atropello a la justicia, sino una grave amenaza al sistema democrático en su conjunto.