REGALADÍSIMOS

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones

Por Gonzalo Benito Zamora (@gonzalobzamora)

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei trae consigo un intenso debate acerca de las graves consecuencias que acarreará para la soberanía económica de la Argentina. Este régimen, que ofrece generosas facilidades fiscales y garantías legales a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, es cuestionado por sus posibles efectos negativos para el entramado productivo nacional.

El RIGI contempla una serie de beneficios fiscales y garantías que buscan atraer grandes capitales extranjeros. Entre estas facilidades se incluyen la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, exenciones del IVA y estabilidad fiscal por 30 años. Estas medidas están diseñadas para ofrecer a los inversores extranjeros una certeza jurídica y económica que, argumenta el gobierno, es esencial para atraer inversiones de gran envergadura en sectores como la minería y la energía.

Sin embargo, este enfoque es duramente criticado por su falta de reciprocidad y sus implicaciones a largo plazo. Mientras los inversores extranjeros reciben generosas exenciones fiscales, el impacto sobre la economía local es dudoso y la capacidad de generar empleos y fomentar la industria nacional aparece completamente relegado. O regalado.

En este sentido no es alocado afirmar que el instrumento genera una situación claramente discriminatoria para las empresas que desarrollan actividades en el país y que, vale la pena recordar, siguen esperando que se cumplan las promesas de campaña referidas a la reducción de impuestos.

El centro de investigación y diseño de políticas públicas, FUNDAR, describe al RIGI como un proyecto "anti-Argentina" y sostiene que convierte al país en un mero exportador de commodities, con multinacionales dominando el negocio sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional. La fundación resalta que el proyecto adopta una perspectiva cortoplacista, ofreciendo beneficios fiscales y aduaneros desproporcionados, inclinando la cancha a favor de las multinacionales y en detrimento de la industria local.

Además, FUNDAR advierte que el RIGI es "esencialmente inestable" debido a su generosidad extrema y la falta de beneficios tangibles para las comunidades locales, concluyendo que, de aprobarse, el régimen nacería herido de legitimidad. En otras palabras, regalarse tanto podría generar falta de credibilidad y la imposibilidad de sostener los compromisos a mediano y largo plazo.

Otro centro de investigaciones, en este caso el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), sostuvo que en Argentina existe un sistema similar en el ámbito de la minería y que no ha traído mayores beneficios. En una entrevista para el diario Tiempo Argentino, Agustina Sánchez Beck, directora de energía y minería del OCIPEx, le dijo a la periodista Verónica Benaim que en Argentina existe “hace más de 30 años un ‘RIGI’ en la minería, que es la Ley de Inversiones mineras 24.196, de 1993, que otorga exactamente los mismos beneficios que el RIGI” y que esta normativa no derivó en más inversiones.

Sánchez Beck expresó además que el RIGI “sólo consolida un estatuto legal para saquear nuestros recursos como se hacía en la época de la colonia” y que las compañías utilizarán el paraguas que otorgará esta nueva legislación “para invertir sobre los proyectos existentes y maximizar su rentabilidad para luego girar las divisas al exterior sin dejar un peso en las provincias donde explotan los recursos”.

Silvina Romano, economista y columnista de “el delivery”, también expresó sus serias reservas sobre este régimen, señalando que el RIGI no solo exime a los grandes capitales de pagar impuestos significativos, sino que también permite la importación de bienes sin ningún tipo de arancel, lo cual afecta gravemente a la industria nacional. "No ves por ningún lado el beneficio de este tipo de proyectos. Para desmitificar un poco si la inversión extranjera es buena o es mala, te conviene recibir inversión extranjera directa en tanto vos tengas aumento de tu capacidad instalada, mejora en la recaudación, mejor en la calidad del empleo, un montón de cuestiones. En este caso no ves por ningún lado dónde entrarían esos beneficios", sostuvo Romano en su análisis. 

La economista destacó la falta de controles y la permisividad extrema del régimen. "Perderías esa posibilidad y tampoco se podrían aplicar controles de precios o restricciones o esta prioridad para vender en el mercado interno en ninguno de los casos", afirmó. Esto significa que, en situaciones de crisis o necesidad, el país no tendría mecanismos para priorizar el abastecimiento interno sobre la exportación. La flexibilización extrema para los grandes inversores podría dejar al país sin mecanismos efectivos para regular la economía y proteger sus intereses. Más regalados, imposible.

Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, también fue enfático en sus críticas. En una entrevista con “el delivery”, el economista aseguró que es necesario contar con un régimen de inversiones, pero que “este RIGI, así como está, es excesivo, se fue un poquito de mambo". Kulfas argumenta que el régimen ofrece ventajas desproporcionadas que no se justifican por las necesidades de las inversiones actuales, muchas de las cuales ya estaban en proceso antes de la aprobación del Congreso. "Todos los proyectos en curso están en prefactibilidad muchas veces al 35%. Esto que se les da, esta reducción, creo que es un regalo que tiene más que ver con la visión ideológica de Milei: los impuestos son malos, reducirlos es bueno", explicó. 

El enfoque en facilitar inversiones masivas en minería y energía sin contrapartidas significativas para la economía local es un punto de gran preocupación. El RIGI tiende a perpetuar un modelo de economía extractivista que históricamente ha beneficiado más a los capitales extranjeros que a la población local. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la generación de empleo y la creación de capacidades industriales son cruciales para el desarrollo sostenible del país.

La implementación del RIGI parece ser un cambio de paradigma hacia una mayor liberalización económica, pero los críticos señalan que esta dirección no necesariamente conduce al desarrollo equitativo. Kulfas expresó su preocupación sobre la falta de un marco conceptual que fomente el desarrollo industrial y la integración de las pequeñas y medianas empresas en las grandes cadenas de valor. "Lo que me parece central es el tema del desarrollo de proveedores en el país; está buenísimo desarrollar la industria del gas, pero también es muy importante que eso sea una palanca para que un montón de pymes e industrias argentinas puedan venderle equipamiento, servicios, insumos a esos proyectos de gran inversión", destacó.

El RIGI genera una situación claramente discriminatoria para las empresas que desarrollan actividades en el país y que, vale la pena recordar, siguen esperando que se cumplan las promesas de campaña referidas a la reducción de impuestos.

"No puede pasar que, a los 5 años, si te fue bien, te suban los impuestos, porque eso va en contra de un principio lógico de inversión", expresó el economista. Sin embargo, insistió en que estas facilidades deben estar acompañadas de una estrategia sólida de desarrollo local que incluya a las pequeñas y medianas empresas y fomente la capacitación y el empleo de la mano de obra local.

“Lo primero que tenemos que lograr como argentinos es decir a dónde queremos ir y qué tipo de país queremos ser. Yo tengo mi idea: un país industrial que aproveche los recursos naturales como el petróleo y la minería como plataforma para desarrollar la industria, hacer proveedores y exportar. Un actor importantísimo son las empresas. Hay que persuadir y convencer a los empresarios de que inviertan más en el país, que la inversión sea de calidad, que genere más trabajo. El camino de Argentina tiene que estar por la estrategia de concertación liderada por la política. No va a ocurrir solo. La idea vieja del mercado que manda por encima de todo no funciona. La política tiene que conducir un proyecto de desarrollo”, concluyó Kulfas.