Por Gonzalo Benito Zamora
La desarticulación del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, ejecutada por el gobierno nacional, genera mucha preocupación sobre la capacidad de respuesta ante la desaparición y explotación de personas en Argentina. Graciela Ñañez, última delegada del comité en Tierra del Fuego, advirtió en una entrevista con “el delivery” sobre las consecuencias negativas de esta decisión, resaltando que la ausencia de un organismo coordinador afecta directamente la rapidez y eficacia en la asistencia y rescate de víctimas. En la actualidad, el “caso Loan” puso al descubierto el abandono del gobierno de Javier Milei a la política de prevención y protección a las posibles víctimas.
Ñañez, quien trabajó durante tres años en el comité, destacó la gravedad de la situación actual. "Nosotros no dejábamos pasar horas. Ese es el inicio, es ahí donde comienza", explicó. La ex delegada enfatizó que el desmantelamiento no solo afecta a Tierra del Fuego, sino a todas las provincias del país, dejando un vacío en la coordinación y articulación de esfuerzos para combatir la trata de personas.
El antecedente del caso de Sofía Herrera, ocurrido en 2008, subraya la importancia de contar con un comité activo. En la actualidad, las características de la desaparición de Loan hicieron que los informativos de todo el país recordaran las condiciones en las que desapareció Sofía en Tierra del Fuego y que, hasta el momento, no pudo ser hallada. Con un comité operativo y coordinado, la respuesta podría haber sido más efectiva por aquel entonces. De esta manera, cabe preguntarse hasta qué punto se puede tolerar el ajuste de Javier Milei sobre programas que tenían efectos positivos concretos en la población.
“Se estaba trabajando y teníamos herramientas y había un protocolo único de asistencia que bajaron también”, relató.
La ex delegada también mencionó que Tierra del Fuego encabezaba la lista de casos de explotación en 2022, a pesar de ser una de las provincias menos pobladas. Esto, según Ñañez, se debe a la intensa actividad turística y la movilidad de personas desde el norte del país con promesas de empleo que terminan en explotación.
A partir de esta resolución, el Estado ya “no garantiza” herramientas que permitan combatir la trata de personas, “porque en marzo a nosotros nos echaron a todos”, contó Ñañez. En este mismo sentido expresó que también quedó desarticulado el trabajo de prevención y asistencia que había comenzado a tomar forma en la frontera entre Chile y Argentina.
Además, destacó que el comité no solo se enfocaba en rescatar víctimas de explotación sexual, sino también en otros tipos de trata, como la laboral y la esclavitud. Mencionó casos en los que trabajaron estrechamente con fuerzas federales, gendarmería y la PSA para rescatar a personas secuestradas y explotadas en diferentes partes del país.
El trabajo del comité no se limitaba a la asistencia directa a las víctimas. También se realizaban capacitaciones en colegios para detectar casos de grooming, una forma de acoso y abuso sexual a través de internet, que está muy presente en la provincia. La ex funcionaria lamentó que toda esta labor preventiva se haya interrumpido, dejando a muchas potenciales víctimas sin protección.
Sin comité contra la trata queda un vacío preocupante en la protección de los derechos de mujeres y niños, quienes son las principales víctimas de la trata. Ñañez explicó que, antes del desmantelamiento, se actuaba con rapidez ante cualquier desaparición, articulando con fuerzas de seguridad y organismos judiciales en cuestión de horas. Sin embargo, la falta de una entidad coordinadora ha ralentizado las respuestas, afectando negativamente la eficacia de los operativos de rescate.
Además, la ex delegada mencionó que el comité ofrecía asistencia integral a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico y programas de inclusión laboral. Esta asistencia era vital para la recuperación y reintegración de las víctimas en la sociedad. Sin el comité, muchas de estas personas quedan desamparadas, sin acceso a los recursos necesarios para superar el trauma y reconstruir sus vidas.
"Nosotros logramos acá en Tierra del Fuego una ley de inclusión laboral para víctimas de trata. Esto salió en diciembre, y ahora lo que se iba a realizar era ver de qué manera se podía implementar el procedimiento", cuestionó.
La desarticulación del comité no solo dejó a las víctimas sin apoyo, sino que también debilitó la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.
Ante cualquier información que aporte datos a la causa por la desaparición de Sofía Herrera, comunicarse al 0800 222 7634.
¿QUIÉN CUIDA A NUESTROS NIÑOS Y A NUESTRAS MUJERES?
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