En un dictamen ejemplar, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, se opuso firmemente a un acuerdo de reparación integral entre Marcelo Guzmán, ex relator del Superior Tribunal de Justicia (STJ), imputado por lesiones agravadas, y su víctima, Carla Kirstein. La fiscalía conducida por la Doctora María Paula Schapochnik, consideró que el acuerdo no garantiza la protección efectiva de la víctima ni cumple con los criterios necesarios para extinguir la acción penal, por lo que continuará impulsando el proceso judicial.
El acuerdo propuesto por Guzmán consistía en el pago del 40% de los haberes retroactivos que eventualmente le adeudaría el Poder Judicial, en caso de ser reincorporado a su puesto laboral. La Fiscalía cuestionó la seriedad del ofrecimiento, al estar condicionado a eventos inciertos y fuera del control de la víctima. Es arena entre las manos para la víctima, porque Kirstein quedaría dependiendo del destino laboral de su agresor.
Cabe resaltar que la Fiscalía de Género no tuvo ningún tipo de participación en el acuerdo firmado entre las partes, impidiéndole así señalar las falencias del mismo. Al mismo tiempo, hecha por tierra algunas especulaciones periodísticas acerca del papel que jugó la fiscalía en todo este proceso.
Además de las dudas sobre la viabilidad del pago, la Fiscalía destacó la ausencia de una manifestación de arrepentimiento por parte del imputado. Guzmán no sólo evitó pedir disculpas, sino que, según la propia víctima, nunca demostró una reflexión genuina sobre la violencia ejercida. La Fiscalía advirtió que no se ha evidenciado empatía ni arrepentimiento, lo que debilita aún más el fundamento del acuerdo.
Otro elemento cuestionado fue la falta de asesoramiento legal durante la firma del acuerdo. La víctima no contó con la participación activa de las abogadas que supieron representarla durante casi la totalidad del proceso, Fabiana Ríos (ex gobernadora) y Karina Echazú (ex fiscal) lo que podría haber limitado su capacidad de decidir libremente. Es opinión del Ministerio Público Fiscal que, en contextos de violencia de género, las limitaciones económicas y sociales de las víctimas son factores clave que deben considerarse antes de validar un acuerdo de esta naturaleza.
La Fiscalía subrayó que la reparación integral no puede fundarse en promesas inciertas ni en acuerdos que perpetúen la desprotección. Un acuerdo no puede sostenerse atado al incierto futuro laboral del imputado, dejando a la víctima dependiendo una vez más de la suerte de su agresor, sostienen.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la opinión de la víctima no fue dejada de lado, sino que fue ponderada en un justo equilibrio con razones de política criminal.
Por todo lo expuesto, la Fiscalía resolvió rechazar el acuerdo y continuar con el impulso de la acción penal pública. La decisión se apoya en la protección de los derechos de la víctima y en la necesidad de asegurar que los mecanismos judiciales no se conviertan en una herramienta que reproduzca condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.
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