La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó la segunda audiencia pública del año para resolver un caso de los que trascienden la coyuntura política. El Máximo Tribunal convocó a tratar los días 27 y 28 de abril el caso en el que se debe resolver una demanda por el uso de cannabis medicinal.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti decidieron convocar a audiencias públicas en cuatro casos. En uno de ellos se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 - de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Asimismo, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.
La Corte comenzó con las audiencias públicas en 2007 y en ellas están habilitados a participar las partes del expediente y también los “Amigos del Tribunal” que pueden exponer sus argumentos.
En el llamado a las audiencias de abril próximo por el caso del cannabis medicinal firmado en las últimas horas por Rosatti se señala que: “A dicho acto serán convocadas las partes a fin de que tomen la intervención que les corresponde, según el alcance definido en la acordada indicada. Habilítase la participación de los Amigos del Tribunal de conformidad con lo previsto en el reglamento aprobado por la acordada 7/2013, estableciendo el plazo de 35 días para efectuarlas presentaciones correspondientes, que fenecerá el 17 de marzo de 2022. Invítase a participar del acto al señor Procurador General interino y a la señora Defensora General de la Nación”. La convocatoria a las audiencias públicas por el cannabis medicinal fueron publicadas por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.
La Corte determinó a principios del año judicial cuatro casos en los que habrá audiencia pública. El primero, para el que fijó la fecha del 17 de marzo próximo, es sobre el Derecho al olvido. Tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.
Los otros dos casos que se tratarán en audiencia pública pero aún no tienen fecha son:
- Preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica - Yaguareté. En el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.
- Corredores inmobiliarios. Se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión. La profesión de corredor inmobiliario está regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Se encuentra, por tanto, en debate, si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Por ahora, ninguna de las audiencias convocadas para la primera parte del año tiene contenido político partidario o que implique a dirigentes de alguna fuerza política involucrados en casos penales.
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