La asociación “Inquilinos Agrupados” publicó datos de la encuesta de marzo 2024 que permiten evidenciar el impacto negativo de la desregulación total del mercado de alquileres. El DNU 70/23, aún vigente, eliminó la Ley de Alquileres y expuso a las personas que deben alquilar a la voracidad de un mercado inmobiliario que operó durante años en contra de la ley. En una entrevista con “el delivery” el referente de los inquilinos, Gervasio Muñoz, sostuvo que la situación actual “demuestra que quienes habían retirado las viviendas del mercado eran sectores concentrados que podían esperar con las viviendas vacías”.
El dirigente expresó su preocupación por la falta de soluciones concretas y la escasa voluntad política para abordar el problema. Sostuvo que la responsabilidad de este contexto es de “una clase política cobarde” y se mostró comprensivo con que la sociedad haya votado una opción como la de Javier Milei, cuando “el que te habla sobre la situación de lo difícil que es alquilar, tiene 40 propiedades”.
Al mismo tiempo cuestionó la existencia de “dirigentes que viven en countrys” y que predican sobre la justicia social: “La gente no votó en contra de la justicia social, la gente votó en contra de esta justicia social, que no es para todos, que es para un sector privilegiado”.
Muñoz no solo responsabilizó al Gobierno Nacional por el impacto del DNU y advirtió que hay muchas provincias gobernadas por sectores de la oposición donde “no sucede que haya otro modo de vivir”. Como ejemplo se refirió a la situación de Tierra del Fuego donde el “alquiler turístico lleva años siendo un problema”, al igual que en todo el resto de la Patagonia, “y no lo solucionan”.
Durante sus declaraciones, el referente de Inquilinos Agrupados identificó a la campaña en contra de la ley de alquileres como un factor determinante. "Durante toda la vigencia de la ley de alquileres, la promesa de los sectores que estaban en contra de la ley era que sin ley iba a ser mejor. Y finalmente lo que se ve es que sin ley los contratos son más cortos y esto, por supuesto, que afecta a la estabilidad, a la permanencia en la vivienda y que al mercado eso le viene bien porque cada un año, cada dos años, te vuelve a cobrar todo lo que te cobra para ingresar a una vivienda", enfatizó.
Muñoz explicó que los datos de la encuesta reflejan con claridad una situación que se vive de forma pareja en todo el país. "El 90% de los contratos tiene actualizaciones cada seis meses o menos, eso es un promedio nacional", reveló. Esto demuestra la influencia de una corporación inmobiliaria que dicta las condiciones del mercado en toda la Argentina.
El activista advirtió sobre las consecuencias sociales de esta crisis habitacional, citando ejemplos concretos como la escasez de viviendas para profesionales de la salud y docentes en algunas regiones del país. “Va a haber una crisis mucho más fuerte, una crisis habitacional y social”, porque ya no se trata solo de un “un problema de vivienda, es un problema social”.
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