El abogado y ex legislador de Tierra del Fuego, Manuel Raimbault, analizó al gobierno de Javier Milei y su relación con el Poder Judicial, a la que calificó como de “alta degradación institucional pronunciada, acentuada y progresiva”.
Fue en luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara la solicitud de licencia que Ariel Lijo había presentado ante la Cámara Federal. Cabe mencionar que Manuel García-Mansilla sí se sumó como nuevo integrante de la CSJN.
“Todos los días se va consolidando un punto más de una degradación institucional que me parece tiene que ver con un proyecto político que en términos jurídicos se lleva un poco mal con la Constitución”, reflexionó Raimbault en diálogo con el “el delivery”.
Asimismo, deslizó que “cuando el presidente Javier Milei habla de que la justicia social es una aberración, yo le tengo que decir que la justicia social está expresamente prevista como un valor a proteger en la Constitución”.
“Todo lo que uno va viendo en cualquier otro gobierno hubiese sido objetable en términos constitucionales, pero hoy no lo es”, apuntó el abogado, quien agregó que “estamos observando uno de los aspectos que no es nuevo en la Argentina acerca de cómo se logran procesos de reforma constitucional”.
Para Raimabult “lo que estamos viendo de la incorporación de magistrados y funcionarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante mecanismos objetables, tiene un objetivo político, que es consolidar esa idea política que tiene el Presidente de ir a un Estado liberal formal”.
También dijo que el sistema de selección de magistrados federales tiene dos marcos: Jueces inferiores a la Corte y Consejo de la Magistratura, “éste último es un proceso de selección un poco más técnico y ese proceso de selección lo elimina en una terna que el Poder Ejecutivo propone al Senado. Entonces ahí hay un mix, entre un componente técnico que tiene que superar un procedimiento de selección esté bastante importante y un condimento político”.
En otro orden, analizó la nula presencia de mujeres en la CSJN y afirmó que “es una exigencia legal la integración de los cuerpos parlamentarios por paridad. Esto es lo que en Derecho se conoce como discriminación indirecta, cuando hay una discriminación indirecta, cuando en apariencia el objeto por el que se establece la restricción es neutral”.
El ex legislador fue tajante al referir que en el Poder Judicial “se hace política judicial, podés pensar que la política judicial por excelencia es intervenir activamente cuando están restringidos derechos y garantías. Cuando eso se invierte, cuando el Poder Judicial se mete mucho en los procesos políticos y se abstiene en el control de derechos y garantías, la política judicial para otro lugar tiene también consecuencias democráticas”.
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