EL FMI PIDE ELIMINAR EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE TIERRA DEL FUEGO

Kristalina Gueorguieva y Javier Milei

Mientras celebra los primeros efectos del “plan de estabilización” del gobierno de Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo por 20 mil millones de dólares y dejó en claro cuáles son sus prioridades: ajuste fiscal sin concesiones, reformas estructurales que apunten a las jubilaciones y al mercado laboral, y una ofensiva renovada contra lo que considera privilegios tributarios. En ese paquete, vuelve a aparecer un viejo objetivo de recorte: el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

 Las “exenciones fiscales (incluyendo las destinadas a apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego) también contribuyen a las inequidades” (Staff report del FMI)

El informe del Staff técnico del FMI, publicado el 7 de abril, no ahorra elogios para el rumbo económico. Define como “impresionantes” los resultados iniciales del plan: superávit financiero, caída rápida de la inflación, recuperación de reservas y hasta reducción de la pobreza. Pero detrás de ese entusiasmo tecnocrático se esconde un programa que combina una apreciación real del tipo de cambio de más del 40% —según el propio Fondo— con la hoja de ruta clásica de las recetas ortodoxas: recorte de subsidios, flexibilización laboral, reforma previsional y mayor apertura externa.

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En ese contexto, el sistema tributario argentino ocupa un lugar central en las recomendaciones. Y allí es donde el documento vuelve a cargar contra Tierra del Fuego. En el Box 7 del informe, dedicado a describir los problemas estructurales del sistema impositivo, se señala que las “exenciones fiscales (incluyendo las destinadas a apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego) también contribuyen a las inequidades”. La afirmación se enmarca en una crítica más amplia al conjunto del régimen tributario, al que se califica como “excesivamente complejo y distorsivo” y como un obstáculo para “el crecimiento y la competitividad”.

El argumento no es nuevo, pero su presencia en un documento central del nuevo acuerdo con el FMI deja en claro que, para el organismo, los beneficios fiscales vigentes en la provincia deben ser parte del menú de recortes. En ese mismo apartado se afirma que “el gasto tributario, estimado en 3,5% del PBI, que beneficia solo a ciertos grupos o regiones, debe ser recortado”. La redacción no deja lugar a dudas sobre la orientación de fondo.

Desde una perspectiva fueguina, el señalamiento no puede ser leído de manera inocente. El régimen de promoción industrial vigente en la provincia desde la Ley 19.640 ha sido históricamente blanco de ataques con argumentos de eficiencia económica, muchas veces desprovistos de una mirada federal o de comprensión del valor estratégico y geopolítico de la provincia. Ahora, con un gobierno nacional alineado con las recomendaciones del FMI y sin una defensa clara del esquema vigente, el riesgo de desmantelamiento se vuelve más concreto.

La mención al régimen fueguino, además, se da en un contexto donde el Fondo insiste en que el éxito del programa depende de avanzar en una “reforma tributaria sustancial”, que incluya la eliminación de “tributos que recaudan poco” y una “armonización de alícuotas”. Bajo ese paraguas, los beneficios diferenciales por región son presentados como distorsiones, y no como herramientas de desarrollo territorial equilibrado. 

Resulta llamativo que, mientras se pide una apertura comercial más agresiva y se celebra la apreciación del tipo de cambio, no se advierta sobre los impactos que eso tendría en sectores industriales periféricos como los que sostiene el régimen de Tierra del Fuego. Por el contrario, se carga sobre ellos como si fueran parte del problema estructural, sin considerar las condiciones reales de producción, distancia, logística y soberanía que definen a la provincia más austral del país.

El informe repite muchas veces la palabra “equidad”, pero la utiliza en clave fiscal, no social ni territorial. Bajo ese criterio, cualquier diferencial —aunque sea para compensar asimetrías históricas— es visto como privilegio a eliminar. En ese punto, el FMI no ha cambiado. Lo que está en juego, una vez más, no es solo una línea del presupuesto nacional, sino la continuidad de un modelo productivo insular que genera empleo, arraigo y presencia efectiva del Estado en el extremo sur del país.