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Editorial: ¿Qué tan grande es la del burro?



Por Gonzalo Benito Zamora


Tres meses cumplió Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional, y desde entonces viene aplicando un programa económico que intenta “ordenar la macro” (que claramente era un desastre) castigando directamente a la micro. Un esquema económico que busca fervientemente la recesión y el ajuste como camino para eliminar de cuajo el déficit fiscal y, según la literatura que solamente él aplica, reducir (o eliminar) la inflación. En otras palabras, se intenta erradicar la inflación a fuerza de destruir primero la capacidad de compra de los argentinos. Si nadie tiene un mango para comprar, los precios deberán bajar. O al menos eso sostiene la base teórica.

 

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), el programa económico de Javier Gerardo se basa en cuatro anclas. Primero, un ancla fiscal que implica recortes significativos en gastos primarios durante enero, afectando transferencias a provincias, ingresos de jubilados y trabajadores del sector público. En segundo lugar, un ancla salarial que busca disciplinar a los trabajadores del sector privado mediante ajustes en los salarios públicos. Estas dos anclas apuntan a reducir la emisión monetaria y generar una recesión para controlar la demanda. En tercer lugar, un ancla cambiaria con micro devaluaciones diarias y, por último, un ancla monetaria-financiera con tasas de interés por debajo de la inflación para reducir la base monetaria y combatir la inflación actual y futura.

 

¿Y cómo se traduce ese ajuste? ¿Qué datos grafican la profunda recesión en la que ingresó la Argentina? ¿Qué tan grande es la desgracia que atraviesan jubilados, pequeños comerciantes, cuentapropistas, trabajadores formales e informales?

 

Según los datos de diversas consultoras, los trabajadores pasivos explican el 45 por ciento del ajuste. Se trata de un sector de la sociedad que, cuando asumió Milei, ya se encontraba mayoritariamente por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, comparando marzo 2023 con 2024, el salario de los trabajadores perdió el 25 por ciento de su poder adquisitivo. Pero es fundamental resaltar que el 20 por ciento se dio solo entre diciembre y marzo.

 

Los datos de la actividad industrial y de la construcción son alarmantes. La industria cayó 12,4 por ciento y la construcción 21,7 por ciento. De allí que resulten lógicos los datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su Monitor de Desempleo Industrial, que atestiguan la destrucción de los puestos de trabajo: una caída del 21 por ciento.

 

Otras estadísticas de la asociación empresaria muestran el impacto:

 

  •          El 61 por ciento de las empresas mostró caídas (vs el 45% en enero 2023).

  •          El 69 por ciento informó caída en sus niveles de ventas internas (vs el 46% en enero 2023).

  •         Por segundo mes consecutivo, más empresas reducen su nivel de empleo que aquellas que lo aumentan.

  •         El 53% de las empresas encuestadas presentó dificultades para afrontar al menos uno de los pagos (salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos, impuestos).

  •          El 61% de las PyMEs registró una baja en la producción, mientras que solo el 8% registró subas. Esto muestra un peor escenario en comparación al mismo mes del año pasado.

  •          El 81% de las empresas espera que su producción caiga ante un menor dinamismo de la obra pública.

  •          También esperan caída de la producción por menor consumo familiar (73% de las empresas) y por la menor demanda de otras industrias (53%).

 

En materia de programas sociales el panorama es aún peor. Datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dan cuenta que diversos programas sociales han tenido una merma significativa. El Potenciar Trabajo tuvo una variación real a la baja del 52,1 por ciento; las pensiones no contributivas a madres de 7 hijos o más cayeron en términos reales 67,47 por ciento. Curiosamente, según el estudio, la Asignación Universal para Protección Social, el programa ACOMPAÑAR y el programa de la Ley Brisa cayeron el mismo porcentaje.

 

Más del 70% de las actividades relacionadas con Programas con Perspectiva de Género (PPG, como lo definió el CEPA) mantiene su ejecución en 0. Entre ellas, se encuentran las obras de infraestructura territorial, “afectadas como toda la obra pública por la decisión política gubernamental de frenarla por completo”. Otro grupo de programas cuya ejecución es nula se compone de las acciones de ayuda urgente para diversidades y sus familias, así como el rescate y acompañamiento a víctimas de trata.

 

Mientras tanto el DNU 70/23 sigue vigente, en la oposición no se termina de vislumbrar una alternativa clara, ni en materia de nombres ni en materia de proyectos, las provincias sufren también los ajustes posteriores al fracaso de la Ley Ómnibus y el 25 de mayo parece quedar cada vez más lejos.

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