Por Gonzalo Benito Zamora
Toda fuerza política tiene su relato. Todo gobierno, a su vez, construye el propio. Y eso está bien. Es correcta y hasta necesaria la generación de un cúmulo de principios o valores que son expresados mediante consignas. Sin embargo, muchas veces resulta curioso el modo en que se interrelacionan la praxis cotidiana con el discurso. Como suele suceder, en Tierra del Fuego lo curioso cobra a veces ribetes de realismo mágico.
El curioso caso de los servicios que aumentan bajo consignas progresistas
El gobierno de Javier Milei tiene una característica muy peculiar, que se destaca (no necesariamente por positiva) de la mayoría de las fuerzas políticas. Son crueles y no lo disimulan. Ellos vienen a ordenar la macro y que los números cierren, y si queda gente en el camino será responsabilidad de la falta de voluntad individual. De allí que entiendan correcto liberar y dolarizar el valor de la energía en la Argentina. Los incrementos de la tarifa de gas, para que los usuarios paguen lo que establece “el mercado” es una consecuencia.
Frente a ese brutal aumento, el gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, adoptó una postura pública de fuerte rechazo, impulsando incluso una presentación judicial que tuvo el acompañamiento de gran parte de la dirigencia política, empresarial y gremial. Sin embargo, su administración implementa aumentos significativos en la prestación de servicios que se regulan localmente. Pero claro, los aumentos del agua y la luz en Tierra del Fuego tienen olor a progresismo, a diferencia del maloliente aumento de los servicios liberal-libertarios.
La justificación de Melella para rechazar los aumentos nacionales se basa en la incapacidad de las familias para afrontar costos tan elevados. Sin embargo, esta misma lógica debería aplicarse a los aumentos que se dan en materia de servicios públicos que se regulan desde el Estado Provincial. Por ejemplo, la DPOSS y la DPE quienes han aplicado aumentos superiores al 120% en los últimos 4 o 5 meses. Claro, el incremento dispuesto por ENARGAS para el servicio que presta Camuzzi en Tierra del Fuego es tan exorbitante que cualquier otro queda invisibilizado. Pero eso no quita que no deba ponerse el foco en mejorar la administración de entes provinciales que podrían ver apaciguadas algunas actualizaciones como forma de mediar entre la inflación y el poder adquisitivo.
Es evidente que los aumentos en los servicios de agua, electricidad y gas, aunque necesarios para mantener la infraestructura, podrían gestionarse de manera más equitativa. Implementar tarifas diferenciadas para los sectores más vulnerables, escalonar los aumentos e incluso congelar o posponer algunas actualizaciones, podría aliviar la carga de quienes más lo necesitan. Dicho de otro modo: una forma de vincular positivamente la acción con el relato.
A los aumentos de los servicios básicos que deben abonar los ciudadanos, como la luz, el gas y el agua, se suman el transporte, las prepagas e, incluso, los colegios de gestión privada (que han dejado de ser para una minoría con dinero y que implican un esfuerzo cada vez más grande para familias trabajadoras).
Reforma constitucional en tiempos de crisis
La situación económica actual no se explica solamente por el incremento de los servicios a precios internacionales. En el caso argentino, se evidencia también por otras variables de la economía como el acceso a la vivienda, la salud y la educación, así como los ingresos familiares y los índices laborales. En este aspecto, Tierra del Fuego no solo que no es la excepción, sino que además primerea en algunas cuestiones.
El contexto socioeconómico actual es de tal magnitud que algunos analistas no dudan en compararlo con épocas de crisis profundas, como 1989 y 2001. En nuestra provincia los datos oficiales son verdaderamente alarmantes y, aunque no haya gente haciendo piquetes y prendiendo fuego viejas cubiertas de auto, es imperioso que la dirigencia entienda la magnitud del problema.
¿Es momento para hacer una reforma constitucional? Cada día que pasa se requiere más y más osadía para defenderla, porque el momento no parece ser propicio en lo más mínimo. Y claro, algunos dirán “nunca es buen momento”. Cierto. Pero cuando se escucha a las autoridades provinciales hablar del momento que estamos atravesando no quedan dudas: estamos ante un momento sin precedentes (bueno, excepto 1989 y 2001). El nivel de recesión, caída de la actividad y aumento de los niveles de pobreza y desempleo acompañan esos planteos.
Tierra del Fuego está primera en el ranking de aumento del desempleo. En términos porcentuales, el empleo en la provincia de Tierra del Fuego cayó arriba de un 6% en tres meses, liderando la estadística por encima de los otros 23 distritos. Además, lidera la caída del consumo con una caída mensual real del 28,5%, según datos que publicó la fundación FINNOVA.
A esos datos, oficiales, reales y contrastables, se suman declaraciones públicas hechas por el propio Gobierno de Tierra del Fuego, como las que hizo la semana pasada la secretaria de Industria Alejandra Man dando cuenta de una perdida de unos 3.500 puestos de trabajo, solo en el sector industrial, desde que asumió el león de la libertad. En Río Grande, por ejemplo, la demanda social creció un 150% la demanda en asistencia social; y en Ushuaia los comedores populares empiezan a solicitar la ayuda de la sociedad por los recortes en los recursos provenientes desde Nación.
Todos esos elementos se combinan también con la severa crisis habitacional que se vive desde hace años y que se agudizó con la mala performance del Instituto Provincial de la Vivienda, la falta de créditos hipotecarios del Banco de Tierra del Fuego y la disposición del mercado inmobiliario, tan voraz como impúdico, de destinar las viviendas al alquiler turístico temporario en vez de satisfacer la demanda permanente.
Y aún resta mencionar la salida de profesionales de la salud del sistema público, que en muchos casos directamente se van de la provincia, y la situación del sistema educativo que cada día amplía más la brecha entre quienes pueden pagar más de 200 mil pesos una cuota y quienes asisten a las escuelas de gestión pública.
Las deficiencias planteadas reflejan una administración provincial que, a pesar de su relato progresista, no logra satisfacer las necesidades fundamentales de su población. Es necesario un enfoque más centrado en mejorar la calidad de vida de los fueguinos a través de políticas públicas activas, en lugar de iniciativas que no abordan las preocupaciones diarias de los ciudadanos y las ciudadanas.
En este escenario de alta incertidumbre y crisis, proponer una reforma constitucional puede parecer, como mínimo, insensible a las prioridades inmediatas de la población. Aunque algunos aspectos de la reforma, como limitar la reelección indefinida de legisladores, fiscalía de estado o tribunal de cuentas, son indiscutiblemente positivos, así como propiciar una corrección en el sistema electoral o la protección de ciertos bienes comunes, el momento elegido para implementar estos cambios es realmente cuestionable. La población necesita soluciones inmediatas a problemas urgentes, no cambios constitucionales que, aunque importantes, pueden esperar a tiempos más estables.
Quizás haya que escuchar al argentino más importante de la historia y abocarse únicamente a garantizar tierra, techo y trabajo.
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