En la mañana de este martes comenzó el operativo de distribución de los alimentos retenidos que generaron polémica en las últimas semanas. Así lo anunció el Ministerio de Capital Humano durante la tarde de ayer, día en que llegaron los primeros camiones del Ejército a los depósitos de Villa Martelli para ocuparse del operativo de carga y posterior entrega de la mercadería que lleva almacenada.
Se firmó, a su vez, un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables, señalaron fuentes oficiales.
En las primeras horas del día, en el Centro Operativo de Villa Martelli ya había 23 personas destinadas al operativo de reparto, más los conductores de los cuatro camiones disponibles; más tarde se sumaron vehículos.
Uno de los militares que estaba en el lugar explicó: “Esto se va a repartir en el Conurbano, a los comedores del CONIN. Uno de los recorridos es Hurlingham, Merlo y José C Paz; el otro, por zonas de Escobar y Tigre”.
“La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa”, indicaron fuentes oficiales.
En el mismo sentido, CONIN estará a cargo de certificar, a través de la presentación de informes, los avances periódicos y mediante un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores. Al respecto, la subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, confirmó las novedades y cuestionó al juez Sebastián Casanello, quien está a cargo de la investigación de las denuncias contra la ministra Sandra Pettovello.
La funcionaria nacional argumentó: “No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública”. “No había alimentos vencidos. Nosotros, mañana tenemos una audiencia en la sala 2 de la Cámara Federal para llevar los argumentos por los cuales apelamos la medida cautelar del juez Casanello, que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su rápida ejecución”, agregó Gianni este lunes.
“Quiero reafirmar la política pública alimentaria que está llevando adelante esta gestión. Dejamos atrás un asistencialismo que no solucionó el problema de la pobreza, para ir a una asistencia directa. Asistimos directamente a los beneficiarios dejando atrás a los intermediarios. Detrás de los alimentos hay un negociado enorme de las organizaciones sociales y de los militantes del hambre, con la participación de ex funcionarios del gobierno anterior”, aseguró la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano.
A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que sólo van a distribuir los alimentos que estén cerca de su fecha de vencimiento. Además, se refirió al nuevo mecanismo que ideó Federico Sturzenegger: “Se trata de un sistema con opción de compra que hace que el sector privado garantice la provisión de alimentos cuando ocurra la emergencia o la catástrofe, que se suma a la modernización de la política social que lleva a cabo Pettovello, quien en pocos meses de gestión desmanteló el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas”.
Según expuso el propio Sturzenegger en sus redes sociales, se trata de la contratación de un seguro que obliga a las empresas alimenticias a distribuir los productos de primera necesidad en caso de emergencia, sin depositarlos en galpones pertenecientes al Ejecutivo, como ocurría hasta ahora. Esta reserva, que será usada solamente ante eventos excepcionales o catastróficos, estará garantizada a través de un seguro. Este sistema alternativo lo diseñó a pedido del presidente Javier Milei y de la ministra Sandra Pettovello, de acuerdo con el mensaje que publicó.
El hallazgo de comida en galpones próximo a vencerse precipitó en los últimos días la salida del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, con acusaciones de por medio. Desde el Gobierno piensan que la búsqueda podría apuntar a la caída de Pettovello. Mientras que, por otra parte, el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa investigan la compra, por parte del Ministerio de Capital Humano, de 3,3 mil toneladas de alimentos, valuados en casi 4 mil millones de pesos adquiridos a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).
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