Paloma Lara Castro, directora de Políticas Públicas de “Derechos Digitales” organización de alcance latinoamericano que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, se refirió al conflicto surgido entre la Justicia brasilera y la red social X, propiedad de Elon Musk, que derivó en la prohibición de acceso a esa red para todos los usuarios del país hermano.
La polémica entre la red social X (anteriormente Twitter) y Brasil comenzó cuando la justicia brasileña ordenó a la plataforma entregar información sobre usuarios relacionados con la difusión de desinformación y ataques contra las instituciones democráticas del país. Esta solicitud forma parte de investigaciones sobre actos antidemocráticos, pero X, bajo la dirección de Elon Musk, se ha mostrado reticente a cumplir, alegando preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión. La resistencia de la red social ha generado un enfrentamiento con la justicia brasileña y ha abierto un debate sobre el papel de las plataformas digitales en la lucha contra la desinformación y el discurso de odio.
Plataformas como X, Meta y Google operan globalmente, pero a menudo se resisten a someterse a las leyes y regulaciones de los países en los que tienen usuarios.
En una entrevista brindada al programa “el delivery”, Lara Castro recordó que el bloqueo de la red social está amparado en una legislación vigente en Brasil “por lo que podríamos decir que es legal” pero que también cabe preguntarse si esa medida “es proporcional” toda vez que la decisión “está afectando a millones de usuarios que nada tienen que ver” con el conflicto.
“En este escenario hay que analizar, por un lado, que medidas tienen los estados frente al incumplimiento de una empresa, y por otro si la medida es útil y cómo afecta el derecho de las personas que utilizan la red para trabajar, informarse o hacer uso del derecho a la libertad de expresión”, agregó la directora de la ONG.
Dado que tampoco hay precedentes de una medida similar en ningún país latinoamericano “ante el bloqueo temporal, la pregunta es si el mismo se va a mantener indefinidamente en el tiempo”.
La disputa también pone en evidencia un conflicto más amplio sobre soberanía y jurisdicción en la era digital. Plataformas como X, Meta y Google operan globalmente, pero a menudo se resisten a someterse a las leyes y regulaciones de los países en los que tienen usuarios. Esta resistencia se basa en la defensa de principios como la privacidad y la libertad de expresión, pero también plantea preguntas sobre hasta qué punto estas empresas están dispuestas a respetar la autoridad de los estados nacionales. Al negarse a acatar las órdenes judiciales locales, estas compañías tecnológicas desafían el control soberano de los países sobre su propio espacio informativo, lo que genera tensiones crecientes entre las plataformas y los gobiernos que buscan regularlas para proteger su democracia y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Desde la organización “Derechos Digitales” “creemos que existe una tensión evidente y hay que estar muy atentos al desarrollo de esta situación, y cuál será el siguiente paso” sostuvo Lara. También “hay que pensar si el bloqueo total de la red es una medida proporcional en este contexto. Para los estándares interamericanos, los bloqueos están permitidos como último recurso ante, por ejemplo, discursos de odio, pero ahí es donde debemos preguntarnos cómo hacer proporcional una medida que, por la propia arquitectura de las plataformas de redes sociales, no es posible aplicarla sin afectar a la totalidad de los usuarios del servicio”.
En tal sentido, aclaró que los bloqueos fueron pensados originalmente para sitios web, cuando aún no existían las redes sociales. “En una red social no existe el bloqueo de una URL (dirección única asignada a cada página o sitio web). Señaló que este bloqueo se utiliza por ejemplo “cuando una imagen viola los derechos de autor, pero el servicio no queda fuera de línea para todos los usuarios. En una red social eso no es posible sin bloquear todo el servicio”.
En la opinión de la Directora “quedarse fuera de un espacio como una red social puede generar consecuencias a la libertad de expresión, más aún cuando consideramos otra medida del Poder Judicial de Brasil que pretende aplicar multas a usuarios que accedan la red mediante las VPNs, (conexión privada que se utiliza para transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas) lo cual sienta un precedente peligroso, ya que muchas personas usan las VPNs por cuestiones de seguridad o privacidad, lo cual es un derecho garantizado”.
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